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El acceso a agua potable y el saneamiento son esenciales para la calidad de vida y el desarrollo sostenible. La Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar ha realizado una Propuesta al Proyecto de Ley para la Gestión Integral del Agua y Saneamiento a ser sancionada por el Consejo Legislativo de la entidad la cual busca abordar las deficiencias en estos servicios esenciales. Sin embargo, su propuesta presenta tanto avances significativos como desafíos importantes que deben analizarse para garantizar su efectividad. El presidente de la Cámara Centenaria, Julio César Díaz, explicó que la propuesta subraya la importancia de contar con una normativa que regule y amplíe el acceso al agua y saneamiento en el estado Bolívar. Servicios como estos no solo son básicos, sino que también influyen directamente en la salud pública, la protección del medio ambiente y la equidad social. Implementar principios como universalidad, justicia, equidad y eficiencia económica es fundamental para garantizar un acceso equitativo a toda la población.  No obstante, la implementación efectiva de estas garantías depende de una estructura administrativa clara y mecanismos bien definidos. Indicó que el proyecto carece de un capítulo específico que regule cómo deben notificarse a los usuarios los cobros, suspensiones o reclamaciones. La falta de claridad puede generar conflictos y pone en riesgo la validez de dichas notificaciones. “Aunque el proyecto enfatiza la equidad en el acceso, no establece una metodología clara para evaluar la capacidad económica de los usuarios. Entre las propuestas sugeridas se encuentran: Declaraciones de ingresos de los usuarios, auditorías e inspecciones, uso de datos estadísticos proporcionados por organismos gubernamentales. Sin estas herramientas, se dificulta la justa distribución de tarifas en un contexto de inestabilidad económica”. Respecto al artículo 70 condiciona el acceso a la justicia al agotamiento de la vía administrativa, lo que contradice principios constitucionales que garantizan un acceso rápido y efectivo a la justicia. Este requisito ha sido previamente cuestionado y declarado innecesario por el Tribunal Supremo de Justicia, como en la sentencia N.º 130 de 2008. En otro ítem, el empresario indicó que la propuesta de utilizar Unidades Tributarias (UT) para sanciones enfrenta críticas por ser incompatible con normativas nacionales. En su lugar, se propone el uso del tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, lo que permitiría una mayor estabilidad y claridad. Uno de los mayores obstáculos para la aplicación de esta ley es la ausencia de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua y Saneamiento, organismo clave para su regulación. La delegación de sus funciones a HIDROVEN ha demostrado ser insuficiente. La creación de esta entidad es fundamental para: supervisar la calidad del servicio, fijar tarifas justas, garantizar un marco regulatorio sólido. El gremio sugiere la creación del Reglamento para la Ley Orgánica ya que la falta de reglamentación genera incertidumbre jurídica. Es necesario establecer directrices claras para todos los actores involucrados. “Es importante adaptar las disposiciones del proyecto a los principios constitucionales, eliminando requisitos innecesarios como el agotamiento de la vía administrativa”, dijo. El Proyecto de Ley para la Gestión Integral del Agua y Saneamiento en el estado Bolívar representa un esfuerzo significativo por mejorar servicios vitales. Sin embargo, enfrenta vacíos legales, institucionales y operativos que deben abordarse para garantizar su éxito. Solo a través de un marco normativo claro y una infraestructura institucional robusta se podrá asegurar que estos servicios lleguen a toda la población de manera equitativa y sostenible.